DERECHO LABORAL

CASO DE DESPIDO  DE TRABAJADORA CON DISCAPACIDAD

Livia es  parte de las 66 291 demandas laborales que trabajadores plantearon a través de la Defensoría Pública en los dos últimos años, en el país. Solo en el 2014, 43 431 personas presentaron juicios contra sus empresas o empleadores. El 62% (26 786) fueron hombres y el 38%, mujeres. Eso significa que cada día 119 personas demandaron sus derechos laborales. Los motivos van desde despidos intempestivos, por impago de liquidaciones, solicitud de reintegro al puesto, abusos, arbitrariedades y discriminación. Esta última situación fue la que vivió Livia en una óptica. En el 2010 fue contratada para el área de bodega. Por su discapacidad física que supera el 75% se le permitió trabajar en casa. Su labor consistía en quitar las lunas de los armazones. Era una tarea que le ocupaba más de ocho horas al día, pero al final del mes solo recibía USD 120. Incluso los fines de semana trabajaba hasta el mediodía y nunca tuvo vacaciones. A pesar de que casi nunca iba a la oficina, ya que es difícil para ella movilizarse en su silla de ruedas, las veces que reclamó por el pago completo de su trabajo le insinuaban que la despedirían. En ese entonces, su hijo empezaba el colegio y necesitaba el dinero para mantenerlo. “Lo más duro fue sentir el desprecio de la gente, que me decían que por mi enfermedad debía agradecer y no quejarme”, comenta. A pesar de que enfrenta una la poliomielitis y escoliosis, dos enfermedades degenerativas, siempre ha buscado la forma de criar a su hijo y darle una buena educación. A veces, el dinero que recibía no le alcanzaba para sus medicinas ni para su comida. Su padre la ayudó a mantenerse. También le recomendó que presente una demanda laboral. Incluso él visitó la óptica y pidió una copia del contrato, pero nunca le dieron. Su padre guardó las copias de los roles de pago para comprobar que a su hija no recibía el trato justo. Con esos documentos presentó una demanda judicial en abril del 2013, pero la sentencia llegó un año después. Para el abogado Marcelo Sierra, un juicio de trabajo puede durar desde cuatro meses hasta cinco años, si es que los empleadores alargan el proceso con trabas luego de una primera sentencia. “La apelación es un derecho que tienen las empresas demandadas, pero hay casos en que la apelación no tiene fundamento y las empresas buscan ese recurso para demorar los pagos a los trabajadores”. Los antiguos jefes de Livia alargaron el proceso en apelaciones e intentaron probar que la mujer nunca estuvo sujeta a dependencia directa de la empresa y que supuestamente no tenía un horario de entrada ni de salida. En abril del 2014, recibió una sentencia que ordenaba a la óptica cancelar USD 5 285 por su despido intempestivo y por todo el tiempo que no recibió el salario básico más intereses. Dos meses después le cancelaron la deuda.

Sara Ortiz 1 de June de 2015 18:02 Durante seis años de trabajo, Víctor León ganó al mes USD 50, pero según su contrato debía recibir el salario básico. En ese tiempo tampoco gozó de vacaciones, ni estuvo afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A Livia Ramírez le pagaron la mitad de su sueldo durante dos años de trabajo. Le recomendaron que no se quejara porque le hacían un “favor” al contratarla pese a su discapacidad física. Sus casos no son aislados. Las historias de Víctor y Livia son parte de las 66 291 demandas laborales que trabajadores plantearon a través de la Defensoría Pública en los dos últimos años, en el país. Solo en el 2014, 43 431 personas presentaron juicios contra sus empresas o empleadores. El 62% (26 786) fueron hombres y el 38%, mujeres. Eso significa que cada día 119 personas demandaron sus derechos laborales. Los motivos van desde despidos intempestivos, por impago de liquidaciones, solicitud de reintegro al puesto, abusos, arbitrariedades y discriminación. Esta última situación fue la que vivió Livia en una óptica. En el 2010 fue contratada para el área de bodega. Por su discapacidad física que supera el 75% se le permitió trabajar en casa. Su labor consistía en quitar las lunas de los armazones. Era una tarea que le ocupaba más de ocho horas al día, pero al final del mes solo recibía USD 120. Incluso los fines de semana trabajaba hasta el mediodía y nunca tuvo vacaciones. A pesar de que casi nunca iba a la oficina, ya que es difícil para ella movilizarse en su silla de ruedas, las veces que reclamó por el pago completo de su trabajo le insinuaban que la despedirían. En ese entonces, su hijo empezaba el colegio y necesitaba el dinero para mantenerlo. “Lo más duro fue sentir el desprecio de la gente, que me decían que por mi enfermedad debía agradecer y no quejarme”, comenta. A pesar de que enfrenta una la poliomielitis y escoliosis, dos enfermedades degenerativas, siempre ha buscado la forma de criar a su hijo y darle una buena educación. A veces, el dinero que recibía no le alcanzaba para sus medicinas ni para su comida. Su padre la ayudó a mantenerse. También le recomendó que presente una demanda laboral. Incluso él visitó la óptica y pidió una copia del contrato, pero nunca le dieron. Su padre guardó las copias de los roles de pago para comprobar que a su hija no recibía el trato justo. Con esos documentos presentó una demanda judicial en abril del 2013, pero la sentencia llegó un año después. Para el abogado Marcelo Sierra, un juicio de trabajo puede durar desde cuatro meses hasta cinco años, si es que los empleadores alargan el proceso con trabas luego de una primera sentencia. “La apelación es un derecho que tienen las empresas demandadas, pero hay casos en que la apelación no tiene fundamento y las empresas buscan ese recurso para demorar los pagos a los trabajadores”. Los antiguos jefes de Livia alargaron el proceso en apelaciones e intentaron probar que la mujer nunca estuvo sujeta a dependencia directa de la empresa y que supuestamente no tenía un horario de entrada ni de salida. En abril del 2014, recibió una sentencia que ordenaba a la óptica cancelar USD 5 285 por su despido intempestivo y por todo el tiempo que no recibió el salario básico más intereses. Dos meses después le cancelaron la deuda.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-discapacidad-testimonios-trabajadores-juicios.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com

Sara Ortiz 1 de June de 2015 18:02 Durante seis años de trabajo, Víctor León ganó al mes USD 50, pero según su contrato debía recibir el salario básico. En ese tiempo tampoco gozó de vacaciones, ni estuvo afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A Livia Ramírez le pagaron la mitad de su sueldo durante dos años de trabajo. Le recomendaron que no se quejara porque le hacían un “favor” al contratarla pese a su discapacidad física. Sus casos no son aislados. Las historias de Víctor y Livia son parte de las 66 291 demandas laborales que trabajadores plantearon a través de la Defensoría Pública en los dos últimos años, en el país. Solo en el 2014, 43 431 personas presentaron juicios contra sus empresas o empleadores. El 62% (26 786) fueron hombres y el 38%, mujeres. Eso significa que cada día 119 personas demandaron sus derechos laborales. Los motivos van desde despidos intempestivos, por impago de liquidaciones, solicitud de reintegro al puesto, abusos, arbitrariedades y discriminación. Esta última situación fue la que vivió Livia en una óptica. En el 2010 fue contratada para el área de bodega. Por su discapacidad física que supera el 75% se le permitió trabajar en casa. Su labor consistía en quitar las lunas de los armazones. Era una tarea que le ocupaba más de ocho horas al día, pero al final del mes solo recibía USD 120. Incluso los fines de semana trabajaba hasta el mediodía y nunca tuvo vacaciones. A pesar de que casi nunca iba a la oficina, ya que es difícil para ella movilizarse en su silla de ruedas, las veces que reclamó por el pago completo de su trabajo le insinuaban que la despedirían. En ese entonces, su hijo empezaba el colegio y necesitaba el dinero para mantenerlo. “Lo más duro fue sentir el desprecio de la gente, que me decían que por mi enfermedad debía agradecer y no quejarme”, comenta. A pesar de que enfrenta una la poliomielitis y escoliosis, dos enfermedades degenerativas, siempre ha buscado la forma de criar a su hijo y darle una buena educación. A veces, el dinero que recibía no le alcanzaba para sus medicinas ni para su comida. Su padre la ayudó a mantenerse. También le recomendó que presente una demanda laboral. Incluso él visitó la óptica y pidió una copia del contrato, pero nunca le dieron. Su padre guardó las copias de los roles de pago para comprobar que a su hija no recibía el trato justo. Con esos documentos presentó una demanda judicial en abril del 2013, pero la sentencia llegó un año después. Para el abogado Marcelo Sierra, un juicio de trabajo puede durar desde cuatro meses hasta cinco años, si es que los empleadores alargan el proceso con trabas luego de una primera sentencia. “La apelación es un derecho que tienen las empresas demandadas, pero hay casos en que la apelación no tiene fundamento y las empresas buscan ese recurso para demorar los pagos a los trabajadores”. Los antiguos jefes de Livia alargaron el proceso en apelaciones e intentaron probar que la mujer nunca estuvo sujeta a dependencia directa de la empresa y que supuestamente no tenía un horario de entrada ni de salida. En abril del 2014, recibió una sentencia que ordenaba a la óptica cancelar USD 5 285 por su despido intempestivo y por todo el tiempo que no recibió el salario básico más intereses. Dos meses después le cancelaron la deuda

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-discapacidad-testimonios-trabajadores-juicios.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com

Sara Ortiz 1 de June de 2015 18:02 Durante seis años de trabajo, Víctor León ganó al mes USD 50, pero según su contrato debía recibir el salario básico. En ese tiempo tampoco gozó de vacaciones, ni estuvo afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A Livia Ramírez le pagaron la mitad de su sueldo durante dos años de trabajo. Le recomendaron que no se quejara porque le hacían un “favor” al contratarla pese a su discapacidad física. Sus casos no son aislados. Las historias de Víctor y Livia son parte de las 66 291 demandas laborales que trabajadores plantearon a través de la Defensoría Pública en los dos últimos años, en el país. Solo en el 2014, 43 431 personas presentaron juicios contra sus empresas o empleadores. El 62% (26 786) fueron hombres y el 38%, mujeres. Eso significa que cada día 119 personas demandaron sus derechos laborales. Los motivos van desde despidos intempestivos, por impago de liquidaciones, solicitud de reintegro al puesto, abusos, arbitrariedades y discriminación. Esta última situación fue la que vivió Livia en una óptica. En el 2010 fue contratada para el área de bodega. Por su discapacidad física que supera el 75% se le permitió trabajar en casa. Su labor consistía en quitar las lunas de los armazones. Era una tarea que le ocupaba más de ocho horas al día, pero al final del mes solo recibía USD 120. Incluso los fines de semana trabajaba hasta el mediodía y nunca tuvo vacaciones. A pesar de que casi nunca iba a la oficina, ya que es difícil para ella movilizarse en su silla de ruedas, las veces que reclamó por el pago completo de su trabajo le insinuaban que la despedirían. En ese entonces, su hijo empezaba el colegio y necesitaba el dinero para mantenerlo. “Lo más duro fue sentir el desprecio de la gente, que me decían que por mi enfermedad debía agradecer y no quejarme”, comenta. A pesar de que enfrenta una la poliomielitis y escoliosis, dos enfermedades degenerativas, siempre ha buscado la forma de criar a su hijo y darle una buena educación. A veces, el dinero que recibía no le alcanzaba para sus medicinas ni para su comida. Su padre la ayudó a mantenerse. También le recomendó que presente una demanda laboral. Incluso él visitó la óptica y pidió una copia del contrato, pero nunca le dieron. Su padre guardó las copias de los roles de pago para comprobar que a su hija no recibía el trato justo. Con esos documentos presentó una demanda judicial en abril del 2013, pero la sentencia llegó un año después. Para el abogado Marcelo Sierra, un juicio de trabajo puede durar desde cuatro meses hasta cinco años, si es que los empleadores alargan el proceso con trabas luego de una primera sentencia. “La apelación es un derecho que tienen las empresas demandadas, pero hay casos en que la apelación no tiene fundamento y las empresas buscan ese recurso para demorar los pagos a los trabajadores”. Los antiguos jefes de Livia alargaron el proceso en apelaciones e intentaron probar que la mujer nunca estuvo sujeta a dependencia directa de la empresa y que supuestamente no tenía un horario de entrada ni de salida. En abril del 2014, recibió una sentencia que ordenaba a la óptica cancelar USD 5 285 por su despido intempestivo y por todo el tiempo que no recibió el salario básico más intereses. Dos meses después le cancelaron la deuda

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-discapacidad-testimonios-trabajadores-juicios.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com